El proyecto es una propuesta de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI) de Paraguay, organización que aglutina a 14 organizaciones indígenas de las regiones Oriental y Occidental del país, y que actúa como socio local.
Los beneficiarios directos son las aproximadamente 6.900 familias de las alrededor de 200 comunidades indígenas representadas por la CAPI.
El objetivo del proyecto es fortalecer la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de Paraguay en la definición y aplicación de políticas públicas que garanticen sus derechos, en un contexto caracterizado por el creciente interés del gobierno de Fernando Lugo por incluir a los diferentes sectores sociales en la formulación de aquellas.
Los pueblos indígenas de Paraguay han sufrido secularmente la discriminación y la exclusión de las instancias de toma de decisión. Han sido víctimas de reiteradas violaciones de sus derechos humanos y de políticas de atención a sus problemas y necesidades que no superaban el nivel del asistencialismo más básico. La coyuntura actual de intento de construcción de un Estado más democrático e incluyente, con participación de todos los sectores de la sociedad civil, sitúa a la CAPI como uno de los actores de mayor protagonismo.
La propuesta pretende dar continuidad a un proceso de empoderamiento de la organización nacional ya iniciado con otros apoyos. A través de las actividades previstas, se persigue el logro de dos resultados concretos:
- El fortalecimiento de la estructura orgánica, los procesos de toma de decisión y la interacción con las comunidades y organizaciones de base de la CAPI.
- El fortalecimiento de los espacios de interlocución de las organizaciones indígenas con las instituciones estatales e internacionales.
El proyecto programa la realización de un número de asambleas de las organizaciones regionales (28 en total), de plenarias de la CAPI con los dirigentes regionales (2) y de reuniones con diversas instituciones de los tres poderes del Estado, así como representaciones de Naciones Unidas en el país. Con el primer tipo de eventos se pretende mejorar la articulación de la organización con sus bases para, por una parte, hacer operativo el plan estratégico diseñado en 2009 y, por otra, discutir y consensuar las propuestas indígenas y establecer mecanismos de seguimiento de las mismas. Los segundos deben servir para canalizar las demandas indígenas y hacerles seguimiento.
